Recientemente los abogados querellantes de la familia de Julia Chuñil, presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel de Máfil, desaparecida en noviembre del 2024, dieron a conocer un posible nuevo antecedente de la investigación a partir de una conversación telefónica interceptada, donde uno de los sospechosos del caso habría reconocido haber quemado a la victima.
La madre y defensora mapuche, se encontraba trabajando por la conservación de cerca de mil hectáreas de bosque nativo en el sector, según relatan sus hijos, quienes también advierten que Julia se enfrentaba a acciones de amedrentamiento durante el tiempo que mantuvo la recuperación productiva del predio de donde desapareció.Respecto de quién está detrás del hostigamiento antes de su desaparición, sus hijos apuntaron a un conocido empresario agrícola y forestal del sector.
El conflicto se remonta al año 2004 cuando la Comunidad Blanco Lepin, originaria de Lautaro, presenta a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) una demanda de tierras para adquirir un terreno, el cual estaría ubicado en la comuna de Máfil y que en ese momento era de Morstadt.
Sin embargo, tras concretada su compra, por parte de Conadi, la comunidad acordó no hacer uso del predio por no cumplirse ciertos acuerdos y no haber recibido información sobre las características de los terrenos, presentando una demanda por incumplimiento del contrato, obligando a Morstadt a restituir el dinero, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema.
Es en este contexto que Julia Chuñil junto a la comunidad Indígena Putreguel de Máfil hacen ingreso al predio e inician un proceso de recuperación de tierras, dejando en octubre de 2015 registrado en el acta de Conadi dicha acción, según detalla el reportaje de Natalie Gilbert, en el medio el Puelche.
Actualmente Juan Carlos Morstadt es dueño legal de la tierra recuperada por Julia Chuñil, de acuerdo a lo detallado por Conadi, vía transparencia solicitada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. También la institución confirmó que el propietario no ha realizado la devolución del pago adeudado.
A raíz de ello se produce un conflicto con Morstadt quien busca vender el terreno, ofreciendo dinero a Julia y a su familia para que se fueran del fundo, de acuerdo a los antecedentes de la querella criminal presentada por la familia de la dirigente con apoyo de Escazú Ahora.
En una reciente entrevista en el medio “Turno AM” el hijo de Julia, Pablo San Martín Chuñil, entregó más detalles sobre el desacuerdo que se ha generado por el terreno.
“Hay un acta que tenemos nosotros firmada por el director de Conadi Los Ríos en esos años (Cristian Cayul) cuando mi madre ingresó. Entonces acá nos hacemos una pregunta: ¿por qué Conadi no le avisó a mi madre cuando devolvió el terreno a Morstadt?, porque se lo devolvió a pesar de que tiene una deuda de ese terreno. Ellos nunca notificaron a mi madre y sabían que estaba allí”, afirmó.
Revuelo internacional
A finales de noviembre del año 2024 los familiares de Julia, Pablo San Martín, Claudia Troncoso y Lysette Sánchez llegaron hasta la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en Santiago, para hacer un llamado de atención a las autoridades y donde destacaron el trabajo que la dirigente mapuche realizaba en el terreno, que buscaba ser vendido.
“Les quiero comentar que mi tía es defensora del medio ambiente, es una amante de la naturaleza y también es líder de una comunidad indígena. Es presidenta. Y bueno, mi tía hace dos años que vive atormentada por personas que la han amenazado de muerte”, compartió Claudia Troncoso en la ocasión.
A raíz del trabajo de Julia Chuñil como defensora medioambiental mapuche, instituciones y organizaciones internacionales vinculadas al resguardo de los defensores de derechos ambientales han reforzado el llamado a esclarecer su desaparición.
En este sentido, en julio del 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del caso de Julia Chuñil por encontrarse en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, exigiendo al Estado de Chile redoblar sus esfuerzos para encontrarla, proteger a su familia y mantenerla informada sobre la investigación.
Así también, el último informe de Global Witness, organización internacional que investiga abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos, destacó por primera vez un caso chileno: la desaparición de Julia Chuñil.
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